Lamentablemente tenemos que dejar nuevas constancias ante el país, ante la humanidad y ante la historia, de hechos aberrantes contra la vida. La muerte y el terror, accionados por el Estado y sus brazos ya no tan clandestinos, continúan ensañados contra nuestra  Comunidad de Paz y la población de nuestro entorno, y la impunidad sigue cubriéndolo todo. Los organismos de control brillan por su ausencia. Los victimarios del poder ejecutivo se atrincheran en cinismos cada vez más audaces. La Defensoría ni se entera de lo que pasa, a pesar de haber recibido el encargo de la Corte Constitucional de evaluar permanentemente las medidas de protección.

El Gobierno actual se ha acostumbrado a cubrir con oficios que se multiplican de un despacho a otro, la barbarie que sus agentes ejercen en las comunidades estigmatizadas. Recibimos continuamente documentos en que se dice que en el área de nuestra Comunidad de Paz "no pasa nada"; que permanentemente se imparten cursos para que las tropas respeten estrictamente los derechos humanos y que incluso han impreso manuales de protección, siguiendo las instrucciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional, pero todo resulta contrario a la realidad. En el fin de año, se nos dijo que una Comisión Nacional de la Inspección del Ejército se había desplazado hasta Carepa para investigar todas nuestras denuncias y que habían dado nuevas instrucciones para respetar los derechos humanos. Sin embargo, un mes después, las tropas han regresado a sus prácticas de barbarie sin ningún pudor.